miércoles, 19 de septiembre de 2012

De 404 mil mdp la deuda de los estados




CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre.- Legisladores discuten cómo se debe afrontar la deuda de 404 mil millones de pesos que tienen los estados y municipios.
El monto representa sólo 14.7% de la deuda externa total del país que, de acuerdo con el último reporte de Banxico sobre las finanzas nacionales, es de 2.7 billones de pesos. Respecto del presupuesto de egresos de este año, que es de 3.7 billones de pesos, la deuda de las entidades federativas equivale a 11 por ciento.
El senador perredista Raúl Morón, quien reveló el monto de la deuda total con base en información de Hacienda, propuso que el gobierno federal la absorba, a la par de que se castigue a los gobernadores y alcaldes que se enriquecieron con los créditos.
El diputado panista Guillermo Anaya alertó que la deuda de los estados creció 199% en los últimos cuatro años.
Piden Fobaproa  en deuda estatal
 El legislador perredista Raúl Morón pidió al pleno del Senado que solicite al gobierno federal absorber el total de la deuda pública de todos los estados, la cual asciende a 404 mil millones pesos —lo que implica que cada mexicano debería tres mil 524 pesos—, pero aclaró que debe castigarse a todos los gobernadores y funcionarios estatales y municipales que se enriquecieron con estas deudas.
Desde la tribuna del Senado, el perredista argumentó que la Federación debe absorber estas deudas, que agobian las finanzas estatales y municipales, porque fueron adquiridas ante la escasez de recursos federales y el retraso con el cual fueron entregados, principalmente en este sexenio.
El monto total de los pasivos en estados y municipios es relativamente bajo si se le compara con la deuda externa total de México (dos billones 741 mil 206 millones de pesos), pues sólo representa 14.7 por ciento de ella.
Al equipararla con la deuda externa del gobierno federal, que actualmente es de 825 mil 469 millones de pesos, los pasivos de los estados son equivalentes al 49 por ciento.
Asimismo, la deuda de gobiernos estatales y municipales es equivalente a 11 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, que para este año fue de 3 billones 706 mil millones 922 mil pesos.
Intereses y vencimientos
Entre las consideraciones del senador perredista para el punto de acuerdo se establece que “el crecimiento acelerado de la deuda pública registrada en los últimos doce años responde, entre otras razones de carácter político, administrativo y económico, también a factores financieros derivados de los altos costos de contratación del servicio de deuda pública e intereses bancarios que han oscilado en distintos ejercicios fiscales y entidades federativas entre los 5.3 y 14.7% anual, con una tasa promedio de interés nominal de 6.3 por ciento anual”.
 También señala que los préstamos tienen “un plazo promedio de vencimiento de obligaciones de 14.9 años, lo que debe obligar al gobierno de la República y a las propias entidades federativas y municipios a buscar mecanismos económicos y financieros más accesibles a sus posibilidades fiscales y presupuestales”.
Raúl Morón recordó que en los noventa, el gobierno federal rescató a la banca y a las carreteras; ahora es preciso que haga lo mismo con las deudas de los estados y municipios, porque el peso de su pago recae sobre los habitantes de todo el país.
Añade que del total de la deuda señalada, 322 mil 950.6 millones de pesos han sido contratados por los gobiernos estatales, 30 mil 570.3 millones por los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios y 6 mil 029.4 millones por los organismos municipales, lo que representa un promedio de deuda pública per cápita de 3 mil 524 pesos, estimada sobre una población calculada al 2012 de 114 millones 725 mil 753 mexicanos.
Además, de los 404 mil 409.5 millones de pesos que constituye la deuda pública de los estados y municipios en el país, la mayor parte se adeuda a la banca comercial por el orden de los 234 mil 418.7 millones de pesos y otro tanto a la banca de desarrollo por la suma de 89 mil 590.4 millones de pesos, mientras que las obligaciones de deuda generadas a partir de emisiones bursátiles sumaron la cantidad de 59 mil 096.7 millones de pesos, y por fideicomisos y otros conceptos se adeuda la cantidad de 21 mil 303.7 millones de pesos.
La propuesta fue turnada a comisiones, que comenzarán a trabajar la próxima semana.
Pasivos se multiplicaron por 22 en tres décadas
De diciembre de 2008 a junio de 2012, la deuda pública de estados y municipios se incrementó en 199 por ciento, alertó ayer el PAN, al presentar una iniciativa para frenar los disparados préstamos de los gobiernos locales y evitar lo que llamó “una crisis económica” insostenible para las futuras generaciones.
Al exponer los motivos de este proyecto de ley, el diputado José Guillermo Anaya Llamas  detalló que mientras en 1993 las entidades y los municipios registraban obligaciones financieras por 18 mil 278 millones de pesos; en el 2000 ya era de 90 mil 731 y para junio pasado se había elevado a 404 mil 409.5 millones, lo que representa 2.7 por ciento del PIB nacional y 3.5 veces el presupuesto educativo, que este año ascendió a 113 mil millones de pesos.
En la tribuna, el legislador blanquiazul señaló a su entidad, Coahuila, como un caso grave en materia de deuda, al haber pasado de 323.2 millones de pesos en 2005, a 36 mil 499 millones a mediados de este 2012.
El diputado Anaya Llamas remarcó que esto significa un aumento “de más del 11 mil 293 por ciento en tan sólo seis y medio años”.
Expuso que para pagar este monto, la administración de Coahuila “ha comprometido en garantía 90% de sus participaciones federales para los siguientes 20 años”.
Alertó el diputado blanquiazul que, además de Coahuila, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, observan incrementos sustanciales en los saldos de deuda.
El diagnóstico presentado revela que las contrataciones no observan el principio de equilibrio presupuestal que debe prevalecer para mantener sanas las finanzas públicas estatales.
Adicionalmente,  puntualizó, “en algunos casos, los ingresos recibidos no se han destinado a proyectos de infraestructura o de desarrollo humano como inversiones en educación o salud, que impliquen mecanismos para su recuperación o el desarrollo económico de la entidad”.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, busca reformar los artículos 73, 115 y 117, con la finalidad de insertar nuevas reglas en materia de endeudamiento para estados y municipios, considerando la experiencia  correspondiente en otros países.
Se pretende que los estados ajusten su legislación local en la materia, estableciendo un marco jurídico “seguro y confiable” que les ayude a aprovechar las opciones de crédito que ofrece el mercado financiero, “preservando la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera estatal”.
Cabe destacar que esta crítica a los endeudamientos impulsados por los gobiernos estatales del PRI fue parte de la campaña electoral del PAN, cuya bancada presentó este martes el proyecto con el que se pretende establecer candados que pongan límites a las autoridades locales.
Para ilustrar el desequilibrio presupuestal que se ha generado, el legislador planteó que mientras en los últimos siete años el gasto federal aumentó 62.8%,  las deudas estatales se incrementaron casi en 200% en tan sólo tres años y medio.
Puntualizó que la deuda de los estados y municipios representó en junio anterior el 12.7% del PIB estatal, alcanzando la cifra de 404 mil 409 millones de pesos.
Aún estamos a tiempo, sostuvo el diputado Anaya Llamas, de establecer medidas preventivas para evitar daños mayores, pues dicho monto es 1.4 mayor que los ingresos por remesas y  1.5 veces superior a la captación de inversión extranjera directa.

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El Coss pagó millonarios sobornos a Yarrington: PGR



Entre los años 2003 y 2005, Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, entonces tercero en la línea de mando del Cártel del Golfo, operó el pago de millones de dólares al entonces gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, a cambio de que facilitara las operaciones ilícitas del grupo y removiera a jefes policíacos “incómodos”.
 Investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), apoyadas en dos testigos colaboradores, señalan que El Coss, actualmente bajo arraigo, coordinó más de una decena de pagos en efectivo a “contactos” del mandatario por instrucciones de Osiel Cárdenas Guillén, en ese momento preso en el penal de máxima seguridad de La Palma (ahora Altiplano), en el Estado de México.
Autoridades de la dependencia indicaron a 24 HORAS que los testimonios, asentados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, corresponden a un ex integrante del grupo delictivo y a un ex servidor público de la entidad, quienes actualmente se encuentran bajo resguardo de autoridades federales en Estados Unidos.
 Los señalamientos, tomados por separado a través de los agregados consulares de la PGR, coinciden en señalar que algunos de los pagos llegaron a alcanzar hasta los 500 mil dólares y que el contacto con los narcotraficantes era a través de personas cercanas a Jorge Max Castillo Treviño, procurador de justicia en el gobierno de Yarrington.

El padrino del Golfo

La colaboración entre el Cártel del Golfo y Tomás Yarrington, según las líneas de investigación ministerial, permitió a la organización delictiva fortalecer su operación en la entidad, ya que además de que se facilitó el trasiego de los estupefacientes hacia los Estados Unidos se lavaron las ganancias ilícitas a través de una red de empresarios y prestanombres.
Cárdenas Guillén fue el responsable directo de coordinar los sobornos dirigidos a los más altos niveles del gobierno estatal, hasta su captura en 2003 por elementos del Ejército Mexicano.
Una vez en prisión, el entonces jefe del Cártel del Golfo delegó el trabajo de operar los pagos a la gente de Yarrington a través de su lugarteniente Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, y del jefe de Los Zetas (entonces brazo armado de la organización) Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca.
Sin embargo, los testigos señalaron que los contactos del gobernador preferían negociar con El Coss, quien se manejaba con un perfil más bajo y de forma menos violenta que el líder de Los Zetas.
Los sobornos siempre fueron pagados en dólares y en billetes de alta denominación.

Los favores recibidos

Fue gracias a esos sobornos que, por ejemplo, el entonces procurador Castillo Treviño, siguiendo instrucciones de Yarrington, abrió una investigación penal en contra del ex alcalde de Reynosa, Luis Higareda Adam, quien se vio obligado a renunciar al cargo y huyó a los Estados Unidos.
Los testigos señalan que, en realidad, Higareda había emprendido acciones para combatir el tráfico de narcóticos que chocaban con los intereses del Cártel del Golfo. Su relevo en la alcaldía fue Humberto Valdez Richaud, quien también es investigado por supuestos nexos con la delincuencia organizada.
 Otra de las acciones que emprendió el gobierno del estado por instrucciones de El Coss fue la rotación de jefes policíacos estatales de la llamada Frontera Chica, para colocar a otros que ya estaban coludidos con la organización delictiva.
 Incluso, los señalamientos refieren que algunos de los sobornos que se pagaron en 2005 estaban destinados a financiar la precampaña de Yarrington por la candidatura a la presidencia del PRI. La idea era que igual que ocurrió en el estado, una eventual presidencia del ex gobernador favorecería la expansión nacional del Cártel del Golfo.
La semana pasada, Costilla Sánchez, quien se desempeñaba como líder del cártel, fue detenido por la Marina en Tampico, Tamaulipas, y trasladado a la SIEDO, donde se negó a dar cualquier detalle de su actividad delictiva. El lunes de esta semana, un juez federal concedió una orden de arraigo en su contra por 40 días.
 Durante el desarrollo de la medida cautelar, la PGR espera obtener nueva información que fortalezcan las distintas averiguaciones en las que está vinculado el El Coss, entre ellas la de los sobornos y complicidades con el gobierno de Tamaulipas.
Tomás Yarington cuenta actualmente con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y es buscado por la Interpol en más de 150 países.

Con información de ARTURO ÁNGEL 24 hrs.com


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zetas facilitaron la fuga de reos: SSP de Coahuila



La fuga masiva de reos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Piedras Negras, Coahuila, ocurrió con la colaboración u omisión de autoridades penitenciarias y la intervención de una célula del grupo delictivo Los Zetas, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Jorge Luis Morán Delgado.
Evidentemente, ante una fuga de ese tamaño, y que las autoridades del centro carcelario no se hayan percatado, no es creíble, sostuvo el funcionario.
Una hipótesis de las investigaciones es que la evasión ocurrió desde la mañana del lunes, pero el director del reclusorio, el mayor de infantería retirado del Ejército Juan Miguel Pérez, la reportó al sistema estatal de emergencias 066 hasta después de las 15:20 horas.
Morán Delgado consideró que la salida de los internos no fue en desorden, sino como parte de algo planeado. (Por) la logística que se requiere para esta fuga obviamente no salieron corriendo despavoridos para un lado y para otro, hubo un plan, dijo en entrevista.

Sicarios, los muertos de Castaños

El lunes por la noche, un convoy del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de la SSP fue emboscado cuando se desplazaba por la carretera 57 Saltillo-Piedras Negras a la altura del municipio de Castaños, para reforzar los operativos de búsqueda de los evadidos, en los cuales, precisó, participan unos 5 mil efectivos de las policías estatal y federal, el Ejército y la Marina.
En ese hecho, los agentes dieron muerte a cuatro pistoleros y decomisaron armas. El procurador de Justicia de la entidad, Homero Ramos Gloria, mencionó la posibilidad de que los cuatro pistoleros fallecidos hayan sido reos fugados, pero este martes Morán Delgado aclaró que eran sicarios que trataron de impedir la llegada de los policías de élite a Piedras Negras. Este hecho también hace creer a las autoridades que la evasión fue planeada por un grupo criminal.
–¿De qué grupo se trata? –se preguntó al funcionario estatal.
–De Los Zetas –respondió Morán Delgado.
El lunes por la noche, el procurador Homero Ramos Gloria informó que habían sido 132 los reos fugados; la mañana del martes corrigió el dato y aseguró que se trataba de 134, pero a lo largo del día funcionarios estatales ventilaron diversas cifras.
El vocero del gobierno estatal para seguridad, Sergio Sisbeles Alvarado, declaró que eran 129 los prófugos, pero por la noche el secretario de Seguridad Pública aclaró que la cifra original fue calculada en 134, pero bajó a 131 cuando tres reclusas consideradas prófugas aparecieron en el área de visita conyugal.
El Cereso de Piedras Negras (con una población de 734 reos) es mixto; el área principal es para varones y hay una zona reservada para mujeres. Morán consideró que las tres reclusas llegaron a la zona de visita conyugal durante la confusión por la fuga y en espera de poder evadirse.
Hasta el cierre de esta edición permanecían bajo arraigo el director del penal, Juan Miguel Pérez; el jefe de celadores, el responsable de turno y 12 custodios.
Las autoridades coahuilenses precisaron que Ismael Alfonso Estrada, quien fue detenido en el municipio de García, Nuevo León, es en realidad un joven que hace una semana escapó de un tutelar para menores en Piedras Negras.

Descontrol oficial: Vera

Por su parte, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, aseguró que lo ocurrido en Piedras Negras es muestra del descontrol oficial en los reclusorios del país. Sabemos que el crimen se ha apoderado de los penales. En nuestro estado los penales tienen sus propias leyes y sus propios superiores y esto hace padecer y sufrir a otros reos.
Sobre la fuga masiva del penal de Piedras Negras la agencia Afp reportó que en el lado estadunidense helicópteros del Departamento de Seguridad Interior, así como de la oficina del sheriff del condado de Macerick, realizaron sobrevuelos cercanos al río Bravo presuntamente para impedir que los reos evadidos cruzaran la frontera.
Finalmente, casi a la medianoche, dos de los 131 presos fugados fueron capturados cerca de un lago del municipio de Zaragoza, Coahuila, a 40 kilómetros de la ciudad de Piedras Negras. Los aprehendidos fueron identificados como Jorge Mendoza Bárcenas y Mauro Antonio Valdez González, quienes viajaban en una camioneta con placas de Texas.
En un comunicado emitido a los medios de comunicación el gobierno de Coahuila detalló que los convictos recibieron a balazos a los agentes policiacos, pero no hubo lesionados. Se les decomisaron dos rifles AK-47, un lanzagranadas, tres rifles AR-15 y una pistola 38, así como chalecos antibalas.
Con información de La jornada
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