**Desgracia y Negligencia - Pugna por briagochoferes
Salvador Cosío Gaona
Soslayaron el impacto del choque del huracán "Manuel" en el Pacífico y el ciclón "Ingrid" en el Golfo de México no obstante que desde el viernes 13 de septiembre la Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación que alertó tardíamente a instancias gubernamentales federales, de los estados y municipios y a la sociedad en general, ocultando la magnitud del problema al propio Presidente Peña Nieto y al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, aunque por información de sus propias estructuras debieron haber reaccionado atingentemente y de inmediato los titulares de las Secretarias de Marina, de Comunicaciones y Transportes, y de la Defensa Nacional, motivando al Presidente a activar la coordinación para afrontar de inmediato la emergencia en conjunto con los Gobernadores y Presidentes Municipales de las zonas siniestradas, algunos de los cuales habían ya decidido suspender festividades patrias y atender de inmediato riesgos persistentes, gestionar la urgente rehabilitación de infraestructura y dotar de albergue, medidas sanitarias y alimentos a los miles de damnificados, fueron mas sensibles las autoridades locales y son finalmente las que lidian con los problemas principales y con la absurda burocracia para acceder a los recursos federales del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN).
En cada desastre natural cunden las interrogantes: ¿Por qué no se actualizan los 'Atlas de Riesgo', se realizan oportunas tareas de prevención y se predisponen planes y programas de contención?, ¿Por qué se siguen permitiendo asentamientos en márgenes de ríos y/o zonas de fragilidad por riesgo de deslaves?, ¿Por qué no se revisan y refuerzan oportunamente carreteras, caminos, puentes, túneles y en general la estructura que podría verse afectada?.
Con problemática tan severa es reprochable privilegiar evacuación de turistas que haber dedicado todo el esfuerzo a atender situaciones mucho mas imperativas por lo delicado del riesgo de vidas y la seguridad de casi todos los habitantes en poblaciones enfrentando aun graves riesgos ante consecuencias de la profusión de agua, aludes o deslaves, y para terminar de albergar y dotar de mínimas condiciones de seguridad sanitaria y alimentación, además de lo absurdo que es el que ya se invierta recurso y esfuerzo en una campaña oficial de promoción para reactivar económicamente al puerto de Acapulco cuando aun se carece de viabilidad para atender turistas.
Hay pugna por la implementación y control del esquema sancionador que incluye arresto inconmutable hasta por 36 horas a quienes conduzcan automotores bajo el influjo de niveles de alcohol que excedan lo permitido en la nueva Ley de Movilidad de Jalisco, pues aunque por norma aprobada al desaparecer la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Transporte y Vialidad para dar paso a las nuevas Fiscalía General del Estado y Secretaria de Movilidad, se estamento que la Seguridad y Policía Vial son responsabilidad directa de la Fiscalía que lidera Luis Carlos Nájera, más parece que o no lo quieren entender o a espaldas del Gobernador se empecinan en quedarse con esas atribuciones en la Secretaría de Movilidad que encabeza Mauricio Gudiño Coronado, pues tratan de arrogarse eventos informativos y acciones oficiales al respecto y ya es imperativo acabar con desajustes y pleitos estériles y que la aplicación de la norma aterrice adecuadamente, que se capaciten y entren en acción las policías viales (que serán mujeres, por ser más honestas, dicen) y en número suficiente para atender los 125 municipios jaliscienses, se habiliten los centros de detención adecuados y se dote de suficientes alcoholímetros o será una simulación plagada de ineficacia, resaltándose que en municipios como Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Lagos de Moreno y Tepatitlán, por citar algunos importantes, la vigilancia vial la ejerce directamente el Gobierno municipal al no existir convenio con el gobierno estatal y en estos lugares deberán implementar su propio esquema operativo, con equipamiento y recursos humanos suficientes y capacitados para hacer imperar la ley, lo que no será sencillo y eso no se previo al aprobar la nueva legislación, además de establecer controles y contener la inevitable corrupción.
@salvadorcosio1
