Dr. Silvino Vergara Nava
“ninguna clase de expertos podrá responder
jamás a esta pregunta: ¿cómo queremos vivir?”.
Ulrich Beck
En
grandes zonas del territorio mexicano que han dejado a la población a su suerte
se han conformado autoridades paralelas: la constitución de un Derecho Penal
subterráneo, el incumplimiento generalizado de las leyes estatales y la deficiencia
y la ausencia de programas de salud y de educación, todo lo cual ha permitido catalogar
a México en los últimos tiempos como un Estado fallido, aunque las autoridades
gubernamentales son las primeras en oponerse a tal calificativo, desde luego,
por razones políticas, cuando en realidad la primera en oponerse a esa
denominación debería ser toda la población, ya que en parte hemos permitido
esta realidad.
En la teoría, se ha clasificado a los
Estados, de acuerdo con su eficiencia, en fuertes, débiles y fallidos (Rotberg,
Robert y otros, “Lo estados fallidos o fracasados”, Siglo del Hombre Editores
de Justicia, Bogotá, 2007), aunque hay otras denominaciones; sin embargo, de
los primeros es de los que se han delimitado las características. Los Estados
fuertes son aquellos que cuentan con una clara división de poderes,
cumplimiento generalizado de la ley, otorgamiento de derechos sociales como
salud, educación, alimentación, medio ambiente sano, etc. Por su parte, los Estados
débiles son los que ya no dejan ver esa división de poderes salvo de manera
formal y donde el respeto a la ley se encuentra en rompimiento, sobre todo a
partir de los organismo estatales, que “son los primeros en incumplir con la
norma” (García Villegas, Mauricio, “Jueces sin Estado”, Siglo
del Hombre Editores de Cultura, Colombia, 2008), pues
los derechos sociales son deficientes, por ejemplo, las instituciones de salud,
los hospitales, las escuelas, las clínicas y las universidades, en donde los servicios
no son muy apropiados. Finalmente, los Estados fallidos son aquellos donde no
existe la división de poderes, incluso formal; existe una dictadura permanente
donde los ciudadanos no tienen acceso al poder, donde el incumplimiento de la
ley cae en la corrupción generalizada y en todos los niveles. Un Estado fallido
cambia el rumbo de sus fines, por lo que son nulos cualquier servicio de salud,
educación, alimentación, etc.; adicionalmente, son pocos los que se encuentran
en posibilidades de contar con grandes fortunas, que cotidianamente son
invertidas en el extranjero.
Atendiendo a esas características de los
Estados fuertes, débiles y fallidos, ¿dónde queda el Estado mexicano?, es
decir, ¿cómo se puede catalogar?. Desde luego, no se puede sostener que México
sea un Estado fuerte. La división de poderes no es lo que todo ciudadano
desearía que existiera, menos aún se puede decir que los organismo del Estado cumplen
con la ley, y tampoco la población; los servicios de educación, las clínicas y los
hospitales no son los apropiados. Tampoco se puede caracterizar al Estado
mexicano como un Estado fallido pues es claro que hay indicios suficientes como
para sostener que existe una serie de servicios de seguridad social de gran
calidad, como en el caso de algunas de las universidades públicas. Esto mismo
puede suceder con los centros hospitalarios, las clínicas y las escuelas, el
problema quizá se pueda centrar en la división de poderes y en el respeto a la
ley, donde efectivamente hay una crisis aguda. En el primer caso, es evidente
la superioridad de la administración pública sobre el Poder Legislativo y aún
más sobre el Poder Judicial, lo que ha provocado que las políticas públicas sean
implementadas por el propio Ejecutivo y que, una vez que se encuentran en
disputa judicial, sean resueltas satisfactoriamente para la propia
administración federal. Además, los últimos cambios para combatir la corrupción
y otros males siempre se hacen dotando a la administración pública de mayores
competencias y facultades que provocan darle mayor posición sobre los otros dos
poderes, a grado tal que muchas de las funciones que le corresponden al Poder Legislativo
o al Judicial se llevan a cabo dentro de la administración pública, lo cual
provoca una concentración aguda del poder, que es una de las batallas que
pretende ganar la división de poderes para evitar la arbitrariedad.
En cuanto al respeto a la ley, es
necesario señalar que son las propias autoridades las que, en primer término, la
incumplen; las razones son variadas, van desde la ignorancia de los servidores
públicos en sus cargos hasta las políticas de tolerancia que se implementan
atendiendo a la dureza de las leyes, por último, la gran corrupción. Por parte
de la población se incumple con la ley por diversas razones, principalmente,
porque siempre se ha visto a la norma jurídica como una imposición, ya que no
es creada por órganos y procedimientos en donde exista participación de los
gobernados; además, el cumplimiento de la ley por parte de la ciudadanía no
lleva a ningún beneficio, por el contrario, es una restricción a sus libertades,
sobre todo porque muchas veces es mas fácil incumplir con la norma que cumplirla.
Lo cierto es que en tanto no se puedan establecer lineamientos que permitan
reforzar la división de poderes y el principio de legalidad, es muy difícil que
México pase a ser un Estado fuerte, al contrario, cada día se debilita más.
